Acciones contra jueces alertan sobre captura de la justicia en Ecuador

Los gremios que representan a los juristas del país, junto con organizaciones y colegios de abogados, han denunciado públicamente que los jueces de distintos niveles han sido objeto de ataques, hostigamiento y presión por las resoluciones que resultan adversas a las autoridades en ejercicio del poder. Esta situación ha generado una alerta sobre la institucionalidad y la necesidad de respetar el orden democrático en Ecuador.

Las reacciones de los gremios se intensificaron cuando se conoció que la Contraloría analizaba los patrimonios de dos jueces de la Corte Constitucional: Alí Lozada y Luis Terán, este último responsable de resolver sobre la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal general Carlos Alarcón. Esta acción de control ocurre en momentos en que el Alto Tribunal recibe demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes impulsadas por el Ejecutivo.

La alerta subió de tono tras conocerse las acciones administrativas y legales que presentó la Fiscalía en contra del Tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada. Las acciones fueron acompañadas por campañas en redes sociales que atacaban directamente a los jueces, situación cuestionada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, que recordó que las inconformidades con los fallos deben ser rebatidas únicamente en el marco del debido proceso y el contradictorio.

Según Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, aunque la política y la justicia convergen en el sistema judicial, estas formas pueden ser saludables cuando están reguladas y se activan en mecanismos de selección de autoridades o en juicios políticos. Sin embargo, el problema surge cuando la interferencia es indebida y tiene fines antidemocráticos, convirtiendo a la justicia en un botín político.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, señala que estas arremetidas no son simplemente cuestiones de antipatías, sino de control y captura del sistema de justicia. Advierte que esto impediría que los jueces tomen decisiones de manera independiente e imparcial, resultando en un sistema de justicia cada vez más autoritario.

Indacochea alerta sobre el impacto más profundo de estas acciones. Sostiene que los fallos incómodos suelen ser el detonante o excusa para que la justicia se vuelva selectiva y se utilice para dar un cascarón de legalidad a políticas públicas cuestionables, como ocurrió en El Salvador con los regímenes de excepción de Nayib Bukele, donde primero fue necesario destruir la independencia del sistema de justicia.

Miño coincide en la preocupación y menciona que aunque los mecanismos de hostigamiento contra jueces incómodos se han repetido durante años, los matices recientes son particularmente preocupantes. Las campañas de desprestigio, estigmatización, mecanismos de sanción a nivel de la Judicatura e instrumentalización de la Contraloría representan un peligro observable a nivel regional y global: los intentos de captura del sistema de justicia.

Por su parte, el abogado y exlegislador Andrés Páez ofrece una perspectiva distinta, opinando que lo que realmente afecta es la agenda política de los jueces. En el caso de la Corte Constitucional, considera que sus magistrados practican una agenda política que ha convertido a la institución en el último reducto del correísmo, concluyendo que la independencia judicial se ve afectada cuando los jueces tienen una agenda política que practican desde sus posiciones.